Declaratoria del I Congreso Nacional sobre Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad Educación inclusiva para un desarrollo incluyente

Nosotras y nosotros, reunidos los días 25, 26 y 27 de noviembre del 2015, en la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), en Liberia, Guanacaste, en el I Congreso Nacional sobre Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad, después de tres días de fecundos intercambios, firmamos la siguiente declaración.

I Congreso Nacional de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad

Fotografía: Mesa principal del cierre del Congreso. Vicepresidenta de la República, Ministra de Educación, representantes de autoridades de la UNA y de la UCR, representante del IIDI.

CONSIDERANDO QUE:

1) En Costa Rica habitan entre 400 mil y 600 mil de personas con discapacidad, según los resultados del Censo del año 2011 y la estimación del Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM, junio, 2011) respectivamente, a falta de la imprescindible investigación estadística, obligatoria a la luz del artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

2) La exclusión social y educativa, la pobreza y la desigualdad, afectan a una inmensa mayoría de personas con discapacidad que, según aproximaciones de organismos internacionales, podrían alcanzar a las tres cuartas partes de esta población; en ciudades y campos, pero todavía más en áreas remotas.

3) Hay una amplia diversidad de personas con distintos tipos de discapacidad, relacionados con otros factores como el género, la edad, el origen étnico, la orientación sexual y la procedencia geográfica, que en la mayoría de los casos inciden de manera negativa sobre los derechos reconocidos de miles de personas.

4) El Estado costarricense ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo en setiembre del 2008, pero constatamos limitados avances en su implementación efectiva.

5) El Estado costarricense debe aplicar el artículo 24 de la CDPD que reconoce el derecho a la educación inclusiva y de calidad, con el fin de hacerlo efectivo “sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades”

6) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de setiembre de 2015, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que las personas con discapacidad no sólo están consideradas transversamente y en las 169 metas, sino que hay menciones explícitas en cinco de los 17 objetivos, los cuales subrayan la atención que estas personas merecen para que puedan incluirse en el desarrollo de los pueblos.

7) El Comité Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, en sus conclusiones, recomendaciones y observaciones de abril del 2014, ha llamado contundentemente la atención a nuestro Estado sobre la necesidad de garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas estas personas en todas las edades. El Comité lamentó que en Costa Rica “persista el modelo de educación especial y segregadora hacia los niños y jóvenes con discapacidad, quienes no tienen acceso a la educación inclusiva, y que la formación de docentes y profesionales continúe realizándose dentro del contexto especializado”. Asimismo, mostró preocupación ante “la ausencia de indicadores de inclusión educativa de niños, jóvenes y adultos con discapacidad” y de manera, particular, que “la exclusión sea mayor en personas con discapacidad adultas, mujeres y niñas con discapacidad, con discapacidades múltiples, indígenas y quienes viven en áreas rurales”.

8) La exhortación que formula ese mismo Comité al Estado costarricense para “implementar una política de formación de docentes dentro del modelo de educación inclusiva, y a la vez asegure la educación inclusiva mediante el apoyo de personal docente capacitado, Braille, lengua de señas costarricense, medios y modos alternativos de comunicación, textos de fácil lectura, y otros equipos y medios auxiliares”.

9) Existen normas para orientar los procesos educativos de las personas con discapacidad que no responden adecuadamente a las disposiciones de la CDPD ni al modelo social que orienta el tratado.

10) Los reglamentos y manuales vigentes sobre el procedimiento educativo, de la misma manera, contravienen los postulados de la educación inclusiva y de calidad que establece el citado tratado en la materia correspondiente.

POR TANTO, LOS ABAJO FIRMANTES APOYAMOS LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

I) Que el Estado tendrá que asegurar “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”, siendo consecuente con la recomendación del Comité para “asegurar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la educación inclusiva, en todos los niveles de la educación incluyendo la educación para adultos y en todo el país, y garantice que esta educación tenga cobertura en las áreas más remotas, tenga enfoque de género, pertinencia étnica y cultural”. (Comité Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Informe final ante informe inicial del Estado costarricense, abril, 2014).

II) Que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa cumplan con la pronta armonización del marco jurídico educativo respecto a la CDPD, en su condición de norma supra constitucional.

III) Que el Gobierno de la República haga mayores esfuerzos, desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) para elaborar y aplicar una política que asegure avances sostenidos en materia de educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, al tenor de lo que indica el artículo 24 de la CDPD, lo que incluiría, cuando menos:

a) Un Decreto del Poder Ejecutivo para el fortalecimiento de la educación inclusiva que contenga ese propósito y la manera efectiva de llevarlo a cabo, con su correspondiente plan de ejecución.

b) La apertura de un proceso participativo para la elaboración del I Plan Nacional de Educación Inclusiva, que considere adecuadamente a las personas con discapacidad.

c) La revisión y modificación de los procedimientos para la inclusión en todos los niveles del sistema educativo de las personas con discapacidad, que contravengan los principios y disposiciones de la CDPD.

d) El ajuste en los procesos actuales de mediación pedagógica, de manera que se logre trascender de la sensibilidad a la obligatoriedad, según las disposiciones del mismo tratado en materia de educación inclusiva y de calidad.

IV) Que los órganos superiores de la educación superior y las Universidades públicas y privadas, que son las formadoras de docentes y de otros profesionales que prestan servicios de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, realicen los cambios educativos que garanticen que todos esos profesionales se ajusten a la educación inclusiva y a los procesos que aseguran, en forma equitativa, la calidad educativa que merecen las personas con discapacidad.

V) Que para liderar el cumplimiento de estas propuestas, este I Congreso de educación inclusiva ha conformado un “Comité de Acción y Seguimiento”, que en acatamiento del principio de transparencia informará sobre el avance de las mismas y organizará el segundo congreso, con miras a recuperar el liderazgo educativo del país en la región centroamericana.

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